El
Estado criminal
En la entrega anterior
señalamos que el capitalismo criminal se caracteriza porque las corporaciones
criminales adquieren una importancia relevante en el funcionamiento del
sistema. También dijimos que si las corporaciones criminales son la
materialización económico-financiera del capitalismo criminal, en lo
jurídico-político es el Estado criminal el que lo encarna. Aquí
desarrollamos esta última idea.
Para el capitalismo criminal y las corporaciones
criminales es imprescindible incrementar el capital a cualquier costo. Para
ello echan mano del Estado criminal. México es hoy, como antes fue Colombia,
uno de los países donde vemos las expresiones más terribles de esto. Sin
embargo, el fenómeno también puede observarse en otras geografías, por ejemplo
en algunos países de África Occidental.
En el caso de México en particular, observamos cómo
las corporaciones criminales se han insertado en todas y cada una de las
instituciones del Estado: presidencias municipales, diputaciones,
gobernaciones, jefaturas de policía y un largo etcétera, han sido exhibidas por
su vinculación o pertenencia a grupos criminales.
Al respecto, Gustavo Esteva ha
señalado que «experimentamos [un] lodo social y político. Del mismo
modo que en el lodo no es posible distinguir el agua de la tierra, en México ya
es imposible distinguir claramente entre el mundo de las instituciones y el del
crimen. Son la misma cosa; encarnan conjuntamente el mal que padecemos».
La mina
de extracción de oro a cielo abierto que se encuentra en la comunidad de
Carrizalillo, Guerrero es un buen ejemplo de la conjunción de intereses
económicos de empresas transnacionales, organizaciones criminales en disputa
–como Los Rojos y Guerreros Unidos– e intereses políticos del Estado criminal.
Fotografía: Cristian Leyva
Las corporaciones criminales y en general el
capitalismo se alimentan de la corrupción estatal. Ésta última tampoco es una
anomalía, es lo que enlaza lo legal y lo ilegal y crea ese lodo al que se
refiere Esteva. En este contexto, combatir la corrupción implementando los más
sofisticados y autónomos aparatos de transparencia son ejercicios necesarios pero
insuficientes; son como aspirinas para el cáncer.
Ahora bien, si el Estado es «el instrumento de
dominación de una clase sobre otra» –en este caso de los ricos sobre los
pobres– las corporaciones criminales, como nuevos miembros de las burguesías
nacionales y transnacionales entran también a la disputa por la materialización
del Estado; es decir, las instituciones y los gobiernos. Ya no sólo financian
campañas o utilizan a sus aliados de clase en la política, ellos mismos se
vuelven parte de dichas instituciones y utilizan toda esa infraestructura para
sus negocios. El primer rasgo entonces del Estado criminal es que borra las
fronteras entre lo legal y lo ilegal, entre lo institucional y lo criminal;
peor aún, lo ilegal ocupa lo legal para seguir reproduciéndose.
Un ejemplo concreto de lo anterior es lo acontecido
durante 2013 en el municipio de Aquila, Michoacán. Había surgido ahí una
organización de autodefensa comunitaria. Dicha organización denunciaba una red
de complicidad entre la Minera Ternium, las autoridades locales y los
Caballeros Templarios. Cuando la Policía Federal y el Ejército acudieron a la
zona detuvieron a 45 de los pobladores que se habían coordinado para defender
su territorio. Por el contrario, de Ternium y de los Caballeros Templarios no
se investigó nada. Tanto la minera como el cártel siguieron operando a sus
anchas. Por supuesto, el fenómeno no se reduce al caso de Aquila, también en el
estado de Guerrero y otras partes de Michoacán se han documentado complicidades
de megaproyectos –que implican despojo territorial–, crimen organizado y
gobiernos de los tres órdenes y niveles.
Encontramos en este mismo caso una segunda
característica del Estado criminal: una política criminalizadora, mediante
la cual busca anular el descontento social y las múltiples formas de
resistencia que surgen en contraposición. De esta manera se criminaliza la
protesta social y a ciertas ideologías y prácticas contestatarias, sobre
todo aquellas que no se ajustan a los mecanismos e instituciones del Estado.
Sin embargo, inclusive las protestas que actúan dentro de los márgenes de lo
estatalmente permisible llegan a ser reprimidas, violentadas, acalladas o
reducidas: los tribunales internacionales y las múltiples recomendaciones no
inmutarán a un Estado que continuará actuando de manera criminal.
Situado en su dimensión histórica, el Estado
criminal está fuertemente vinculado tanto al capitalismo en su fase neoliberal
como al proceso de globalización: es un Estado al que se le ha eliminado todo
contenido social y al que se le ha fortalecido para garantizar y salvaguardar
la propiedad privada, así como la acumulación por despojo. Para muestra de
ello, basta mirar el paquete de reformas estructurales de los últimos años
–Educativa, Laboral, Energética; la militarización de la seguridad pública con
el consecuente despliegue del Ejército por todo el país; la creación de nuevas
estructuras policiacas como la Policía Federal, la Gendarmería Nacional o la
Agencia Federal de Investigación; o bien la implementación de políticas de
«tolerancia cero».
En el Estado criminal, los crímenes de Estado son
una constante. Las
violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y recurrentes. Las
desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales también son
cotidianas. Activistas sociales, defensores de derechos humanos y periodistas
comprometidos con la verdad se han vuelto «sujetos vulnerables».
En el caso de periodistas y comunicadores en
particular, la situación es alarmante. De acuerdo con datos la organización Reporteros sin
Fronteras, en la última década (2003-2013) 80 periodistas han sido
asesinados y 17 han sido desaparecidos. Por su parte, las organizaciones Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas
documentaron el asesinato de 31 periodistas de 2010 a 2014, suceso al que
habría que sumar las amenazas y los actos de censura.
El encarcelamiento por motivos políticos
resulta una herramienta más del Estado criminal. Según datos de la Liga
Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité Cerezo México,
actualmente existen en México 395 presos políticos y de conciencia.
Pero la violencia del Estado criminal no va sólo
dirigida contra las organizaciones, pueblos y comunidades que resisten, en
realidad se aplica contra una mayoría de la población. Mantener atemorizada a
la sociedad se ha vuelto un instrumento estatal fundamental. El miedo y el
terror son mecanismos por los que el Estado criminal controla a la sociedad.
Al respecto, Pilar Calveiro[1] ha analizado a profundidad cómo este fenómeno
obedece a la reconfiguración del poder como consecuencia de una reorganización
de la hegemonía mundial.
En el capitalismo criminal los antiguos campos
de concentración de los fascismos y las dictaduras militares se refuncionalizan
y son utilizados como centros de «trabajo» esclavo. Los testimonios de
migrantes hombres y mujeres que fueron detenidas o secuestradas para someterlas
a explotación laboral o sexual se cuentan por miles. En la mayoría de estos
testimonios también figura la participación de policías, gobernantes o
integrantes de diferentes partidos políticos. Para las corporaciones
criminales, como ya hemos dicho, no sólo los territorios son «explotables»,
también lo son los cuerpos.
Los gobiernos y los estados de las naciones donde
más se ha desarrollado el capitalismo criminal llegan a convertirse en
verdaderos aparatos de guerra contra sus sociedades. Los rasgos más visibles en México
–y también los más devastadores– son los de las víctimas humanas, que rondan entre
las 130 mil personas asesinadas, más de 35 mil personas desaparecidas, cerca de
280 mil personas víctimas de desplazamiento forzado, los feminicidios,
juvenicidios, asesinatos de migrantes, miles de huérfanos y otras terribles
realidades que los números jamás lograrán sintetizar.
En el caso particular de México, algunos intelectuales
y periodistas han llegado a la conclusión de que se trata de un «Estado
fallido». Argumentan que el Estado mexicano ha fallado en garantizar seguridad
y que por tal motivo se vive un clima de violencia e inseguridad. Desde luego
no compartimos esa opinión[2]. Observamos que en realidad el Estado mexicano
obedece a la lógica del capital. No está fallando, sino adaptándose para
cumplir una función: garantizar la acumulación y reproducción del capital.
Veámoslo de esta forma: el Estado criminal es al capitalismo criminal lo que
fue el Estado de bienestar al keynesianismo.
Si podemos afirmar entonces que el Estado es
criminal, buscar alternativas dentro de él resulta absurdo. Eso lo saben bien
las organizaciones, pueblos y comunidades que hoy construyen alternativas
reales. Alternativas que frente a un proyecto basado en la muerte, reivindican
la vida. Sobre las luchas por la vida versará nuestra siguiente entrega.
[1] Ver:
Calveiro, Pilar (2012). Violencias de Estado, la guerra antiterrorista y la
guerra contra el crimen como medios de control global. México: Siglo XXI
Editores.
[2] Al
respecto, vale mucho la pena revisar el artículo de Gilberto López y Rivas
«México no es un ‘Estado Fallido’».
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