lunes, 3 de agosto de 2015

EL RECHAZO Y LA DEMANDA DE JUSTICIA NO TERMINAN EN ISLAY




– Luego de levantar el estado de emergencia en Islay, los pobladores que rechazan Tía María no claudican, pese a que el Gobierno sigue dándoles la espalda.

Por Jorge Choque

Servindi, 2 de agosto, 2015.- El Gobierno se esfuerza en buscar justicia investigando y capturando a pobladores y dirigentes que participaron en las protestas contra el proyecto minero Tía María, pero no adopta el mismo interés y actúa de espaldas a la justicia que el pueblo de Islay exige.

En ese objetivo, el martes 27 de julio la policía capturó a tres de los presuntos implicados en la muerte del brigadier policial Alberto Vásquez Durán producto de una brutal agresión durante las protestas contra el proyecto de Southern Copper.

Se trata de los pobladores Walter Salazar, Hugo Alberto Pozo y Elard Baquedano Valdez, quienes presuntamente fueron parte de la turba que propinó una feroz golpiza con piedras y cadenas al brigadier en una de las protestas contra Tía María.

El violento incidente que provocó la muerte del agente ocurrió el 6 de mayo de este año, en el distrito de Mollendo. Un día antes, un poblador mollendino había fallecido producto de una bala disparada por un policía durante otro enfrentamiento.

Islay, en lucha desigual

Así como la lamentable muerte del oficial, la provincia de Islay se vio envuelta en un escenario trágico, ya que producto de las protestas reiniciadas en marzo de 2015 en rechazo del proyecto, dos pobladores perdieron la vida por disparos de bala.

En esos días, el ministro del Interior  José Pérez Guadalupe llegó incluso a poner en duda, en más de un ocasión, que las muertes hayan sido producto de balas disparadas por oficales y que a la policía se le había impedido usar armas de fuego, ambas afirmaciones luego desmentidas.

En ese sentido, la congresista Verónika Mendoza recomendó que el Gobierno garantice igual justicia e investigación para los pobladores del Valle de Tambo, en Islay, que perdieron la vida por el impacto de balas disparadas por la policía.

“Las turbas tendrán que ser identificadas con una investigación efectiva. En la mayoría de casos de civiles muertos por balas disparadas por policías, hay impunidad. Esto debe ser investigado. En caso, se compruebe el acto de corrupción se le debe denunciar, investigar y dar sanción penal”, advirtió en una entrevista del 12 de mayo.

Sin embargo, su solicitud parece haber caído en saco roto.

Como se recuerda, desde el 23 de marzo los pobladores iniciaron una nueva ola de protestas contra Tía María por la amenaza que el proyecto supone a su agricultura y medio ambiente, además por una serie de irregularidades  omisiones en el Estudio de Impacto Ambiental.

Sin embargo, el Gobierno siguió apoyando el proyecto instalando mesas de diálogo que solo buscaban promoverlo, omitiendo las denuncias de los agricultores. Extendida la protesta y el desborde social, el Ejecutivo declaró el 22 de mayo el estado de emergencia por 60 días en la provincia, siendo levantado el 22 de julio.

En todos estos periodos de violencia y calma, para los pobladores la situación ha sido la misma, ya que las autoridaes del Estado han continuado hostigándolos y nada han hecho por investigar a los policías responsables de la muerte de los civiles.

Asimismo, las diversas denuncias y argumentos en contra Tía María, su Estudio de Impacto Ambiental y los antecedentes de la empresa dueña Southern Copper, no han alterado la posición del Gobierno de apoyar incondicionalmente al proyecto.

Pese a que la empresa Southern decidió postergar su ejecución, lo cierto es que aún mantiene el respaldo del Gobierno y utiliza este aplazamiento para el desarrollo de una persistente campaña de información y promoción del proyecto que para muchos es engañoso.

En Islay, los pobladores del Valle de Tambo no han claudicado en su lucha y mantienen su sólida decisión de no permitir la implementación del proyecto minero.

Así lo demostró la simbólica marcha que realizaron en el Valle durante las celebraciones por Fiestas Patrias, donde los participantes portaron pancartas con la frase: “Agro sí, mina no”.


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