viernes, 20 de mayo de 2016

PPK Y KEIKO PREPARAN MÁS AJUSTE CONTRA LOS TRABAJADORES





Detrás del confuso debate que protagonizan los candidatos Keiko y PPK, se ocultan reaccionarios planes antiobreros

20-05-2016

Los trabajadores escuchamos todos estos días de campaña hacia la elección del 5 de junio un montón de ataques entre los candidatos y muchas promesas, pero ninguna claridad sobre lo que proponen en temas centrales como en economía y trabajo. 

Buscando ganar votos ambos muestran buena cara tratando de pintarse como el más “honesto”, “eficiente” o más regalón, pero ninguno tiene ni muestra el menor interés de exponer su verdadero plan: el que aplicarán desde el 28 de julio. Una confusión conscientemente alentada desde ambos bandos pero con la lamentable contribución del Frente Amplio y de la misma cúpula de la CGTP, que en lugar de ofrecer claridad a los trabajadores se encuentran empeñados en presentar la actual contienda como una opción contra el mal mayor: Keiko Fujimori, embelleciendo en los hechos al banquero PPK. 

Mientras así impacta la campaña en el mundo obrero en los fueros empresariales se respira absoluta tranquilidad. Para ellos la película es clara como el agua: tienen la absoluta seguridad de que cualquiera que gane no sólo les garantizará la continuidad del modelo sino sobre todo que aplicarán las medidas que necesitan para reactivar sus negocios desde el próximo 28 de julio. 

El “debate” que propician altos tecnócratas de ambas candidaturas revela que en realidad estamos ante un “lío de blancos”. Elmer Cuba, cabeza de una de las mayores consultoras de empresas del país, en el equipo de Keiko, contra Alfredo Thorne, alto funcionario del mayor banco de inversión del mundo (JP Morgan) en el equipo económico de PPK. O en la otra esquina: Jorge Chlimpler, vicepresidente de Keiko (empresario autor de la ley que recorta derechos laborales a los trabajadores del sector agrario), contra Pedro Olaechea, del equipo de PPK, ex presidente del SNI que se cansa de demandar la reducción de los “costos laborales”. 

Así el debate entre ambos candidatos se desplaza a quien asegura el combate a la corrupción, la inseguridad o la informalidad, donde cada cual puede presentar “jales” y planes para todos los gustos. Hay que ser ciego o sordos totales para comerse estos cuentos: todos los gobiernos son corruptos y todos son antidemocráticos. Y la inseguridad y delincuencia, que es un cáncer generado por un sistema que enriquece a unos cuantos y mantiene en la marginalidad y pobreza a las grandes mayorías, no lo va a resolver ningún gobierno patronal. 

El problema de fondo es que Keiko o PPK desde el gobierno harán lo mismo en temas de economía y trabajo. 

El panorama general 

Nadie discute a estas alturas que vivimos una situación de desaceleración económica producto de una crisis internacional. La locomotora China se sigue enfriando por la crisis que hace años afecta a las mayores economías del mundo, y ella viene impactando en las economías de América Latina. Este año en AL prevé un retroceso en su crecimiento por debajo de 0 %. 

En este panorama, aunque la economía nacional sigue mostrando una ralentización prolongada en torno al 3%, cifra que se proyecta para el presente año, en los fueros empresariales nadie se llama a engaño y sabe muy bien que acusa los mismos o mayores problemas que los vecinos de la región y que necesita tomar medidas. 

Este moderado crecimiento viene impulsado por proyectos mineros cuyas inversiones se iniciaron años atrás y que están concluyendo (Las Bambas, Constancia, la ampliación de Toquepala), y que genera un espejismo que oculta o disimula el hecho de que los otros sectores productivos vienen mostrando una fuerte tendencia a la contracción: la industria, el sector inmobiliario, la construcción y el agro, con fuerte demanda de mano de obra. La exportación no tradicional por ejemplo se encuentra en franca caída. 

Esta realidad ya está provocando impactos negativos. El déficit fiscal ha crecido en 4% (gastos menos ingresos). Por otra parte, al contraerse el mercado las empresas menos competitivas vienen siendo expulsadas de ella. Según ADEX el 2015 se perdieron 170 mil empleos por caída de las exportaciones, y para el 2016 estima una mayor pérdida aún con un considerable cierre de empresas en el sector. 

En estas condiciones vuelve a ser “normal” el crecimiento del desempleo, subempleo, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, la informalidad, los males endémicos como la desnutrición infantil y los lastres inacabables de la pobreza y extrema pobreza que jamás nos abandonaron. 

Las salidas que discuten los empresarios 

Todo esto nos lleva a la conclusión de que estamos asistiendo al fracaso de un modelo económico de capitalismo neocolonial, que prometió llevarnos al primer mundo de la mano de la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales y aprovechamiento de nuestra mano de obra barata, pero que “funcionó” mientras creció el mercado mundial. Ahora que llegó la crisis a los centros de la economía mundial los que estamos en la cola pagaremos los costos de ella. 

Ante esto la patronal no discute el cambio de modelo ni menos aún un proyecto que salvaguarde al país y a los trabajadores; ellos buscan recuperar sus ganancias sujetándose a las directivas de los monopolios, aunque esto signifique propiciar mayores enfrentamientos y conflictos sociales que es lo que harán desde el gobierno PPK o Keiko. 

En este marco sus voceros hablan de aplicar algunas medidas generales. Por ejemplo impulsar la inversión pública para dinamizar la economía y la “diversificación” producción. Sobre el primero el discurso se viene acabando porque estos días el crecimiento de la brecha fiscal revela que no hay mayor margen de endeudamiento del Estado, incluso el llamado Fondo de Estabilización Fiscal donde se pensaba meter la mano se habría reducido de manera sustantiva limitando su uso. Tan es así que en la programación del gasto público del actual gobierno se viene preparando recortes y sus secuelas ya lo estamos viendo en regiones como Loreto que ha quedado sin recursos del Estado afectando gravemente los servicios a la población. 

En cuanto a la idea de la “diversificación productiva”, un país ubicado en los últimos escalones de educación en el mundo no tiene condiciones materiales para ser competitivo casi con nadie. 

Los verdaderos ejes del plan 

Por ello para los empresarios se trata de enfocarse en dos aspectos centrales: a) Seguir promoviendo los grandes proyectos en especial los mineros, y b) Ajustar la productividad empresarial. 

Además del tema del gas (ver nota adjunta) existen otros proyectos como la Refinería de Talara y la Línea 2 del Metro que son proyectos que dependen de la disposición de recursos externos que ahora son más escasos y están sujetos a condiciones más leoninas que traerán la hipoteca del país. No son pues locomotoras listas para traer la reactivación que se espera. 

Por ello el objetivo patronal sigue siendo promover la inversión minera. Los estudios, proyectos y la mayor actividad empresarial están ubicados en torno a la minería y el plan es seguir insistiendo en ellos. El problema es que hoy, por la caída en los precios de los minerales los proyectos mineros se reducen a los altamente rentables. Roque Benavides del grupo Buenaventura declaró que Conga “no va” no por el problema social y ambiental sino por un tema de costos. Por el contrario, Gonzales Rocha acaba de declarar que está a la espera de la autorización del EIA para iniciar el proyecto de Tía María porque este proyecto es particularmente rentable para la minera. Es decir, ya no hay “boom” minero pero sí enfoque en proyectos puntuales donde hay conflictos irresueltos, mientras se espera una recuperación de los precios que no se sabe cuánto vendrá. 

La productividad 

El otro objetivo empresarial es elevar la productividad del trabajo, o producir más en el mismo tiempo y por tanto a un menor costo. 

Con este objetivo desde los fueros de PPK se planea una ayuda adicional a los empresarios reduciéndole impuestos a costa del erario nacional, con el cuento de que lo “reinviertan” y reactiven la economía. La experiencia reciente del gobierno de Humala que redujo el impuesto a la renta en 2,900 millones con esa sibilina idea no logró dicho objetivo: los empresarios no reinvirtieron ni un solo centavo y se embolsillaron todo. 

Alcanzar una mayor productividad del trabajo está enfocado en lo que ellos llaman “reducir los altos costos laborales”. En este terreno no hay mucho misterio. Un gran sector empresarial ya se beneficia con la ley MYPES que permite a micro y pequeñas que obtienen ingresos por hasta 9 millones de soles puedan emplear mano de obra con derechos recortados (15 días de vacaciones, media gratificación, media CTS). Lo mismo ocurre con el régimen de contratos de exportación que afecta a los trabajadores textiles, y a los servis y contratas, en todos los cuales laboran más del 70 % de la mano de obra barata que se explota en el país. 

Por ello el enfoque empresarial para reducir los llamados costos laborales se centra ahora en modificar el Régimen General del Trabajo (DL 728) de las medianas y grandes empresas, donde se han formado sindicatos y existe un movimiento obrero organizado.
Para este sector PPK ha planteado la eliminación de la CTS con el pretexto de otorgar un seguro de “desempleo”. Y no hay duda que así como Ollanta Humala quiso aplicar la ley Pulpín y aprobó el DS 013 que faculta despidos masivos, el nuevo gobierno intentará retomarlos bajo cualquier nombre o vía con el objetivo de abaratar más la mano de obra en este sector. 

En este mismo tema se incluye la llamada “flexibilización” laboral. En qué consiste: los empresarios no pueden despedir si no es por “falta grave”, y como el “despido arbitrario” (sin causal) está impedido por una sentencia del TC, ellos están buscando la manera de crear otra jurisprudencia para tener la libertad de despedir a quien le plazca. Y junto con ello, abaratar los costos de indemnización. 

Lo que no requiere ley 

Sin esperar al nuevo gobierno las empresas ya vienen aplicando medidas para facilitar despidos endureciendo sus reglamentos internos, por ejemplo pretextando el “mal uso de los descansos médicos”, colocando cámaras de seguimiento y vigilancia para justificar alguna “falta”, detectando omisiones en las demandas o denuncias que realizan los dirigentes sindicales para denunciarlos penalmente, etc. En otras empresas se siguen ajustando las condiciones laborales (horarios atípicos, obligando a hacer turnos y trabajar los feriados, etc.). Todo esto mientras por otro lado se trata de hacer inaplicable leyes como la de Seguridad y Salud en el Trabajo que se dice son “costosas”, para no asumir responsabilidad por las enfermedades y accidentes que se inflige a los trabajadores. 

Todo esto agrega nuevos desafíos a los que ya enfrentamos los por la ausencia de libertades sindicales: las “negociaciones colectivas” no tienen cuando terminar porque los empresarios no resuelven los petitorios, el derecho de huelga está a discreción de la autoridad que la declara improcedente cuando quiere, etc. 

En este marco (y como parte de su respuesta a la crisis) muchas empresas han iniciado procesos de venta y asociación con multinacionales (Corporación Lindley) o han tercerizado la gestión empresarial (Celima-Trébol), los que representan costos financieros que recortan las utilidades de los trabajadores, e introducen procesos de reconversión con la construcción de megaplantas modernas y de alta tecnología ubicadas fuera de Lima, todo lo cual trae aparejado políticas de despidos y liquidación del personal. 

Esta es la realidad que enfrentamos hoy los sindicatos y que, sin lugar a dudas, se volverá más difícil desde que asuma el nuevo gobierno porque los empresarios contarán con el respaldo político que necesitan para aplicar sus planes. 

Si esta es el panorama al que nos enfrentamos muy mal haríamos en ir a votar por uno de los candidatos que nos ofrece este camino. Lo mejor es preservar nuestra independencia y alertar a nuestros compañeros de lo que se viene para estar mejor preparados ante quien gane en las elecciones.

Otro cuentazo: el gas 

Entre los grandes temas colocados en debate durante la primera vuelta fue el del gas. Todos aceptaron “renegociar” los contratos, hasta PPK. ¿Se resolvió el tema? ¿Qué pasó? Muy sencillo. El tema no es la renegociación de los contratos de exportación de gas porque hasta las propias empresas que exportan quieren renegociar dichos contratos porque están perdiendo plata. El tema central es la viabilidad del Gasoducto al Sur y de la Petroquímica, y con ellos la masificación del consumo de gas. ¿Por qué no se viabilizan estos proyectos? Porque no es rentable para los empresarios: nadie quiere llevar gas al sur donde no hay grandes consumidores y la Petroquímica no es atractivo para los inversionistas. 

Ellos quieren gas para venderlo en forma directa o transformada en electricidad a Chile, y este es un problema político. 

Hasta hoy el gas como negocio privado solo ha enriquecido a algunas multinacionales mientras el pueblo peruano, sobre todo de las regiones como el Cusco donde se extrae dicho recurso, no reciben dicho beneficio. 

La masificación e industrialización del gas solo lo puede hacer el Estado peruano como lo viene haciendo Bolivia. Por eso, en el tema del gas, con Keiko o PPK no hay duda que todo seguirá igual o peor como con los anteriores gobiernos.

Freddy Salazar. Periodista

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